Las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 suelen ser muy elevadas. Las multas, que pueden ser tanto personal (por ejemplo al administrador/a) como institucional, pueden llegar hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción.

Por ejemplo, la SIC ha sancionado un conjunto residencial con una multa de $25.000.000 (30 SMLMV) por incumplimiento del deber de solicitar la autorización previa, expresa e informada; incumplimiento del deber de informar al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada; e incumplimiento al deber de contar con las Manuales internos de procedimiento para garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y en especial para la atención de consultas, quejas y reclamos.

Podemos ayudarle tanto si todavía su copropiedad no ha realizado ninguna gestión para adecuarse a las obligaciones legales como si usted ya cuenta con mecanismos internos en la materia y quiere revisarlos y/o ponerse al día con el principio de «Responsabilidad demostrada».

Adoptamos un enfoque eminentemente preventivo para que su Copropiedad, en función de sus características, pueda adaptarse y cumplir en todas sus etapas con la legislación aplicable. La implementación efectiva de los principios de Privacidad por defecto (PxD) y de Privacidad desde el Diseño (PdD) constituye una prioridad para minimizar al máximo los riesgos que derivan del tratamiento de datos personales.

Además, le asesoraremos para que usted respete el conjunto de las obligaciones que derivan de su condición de responsable y/o de encargado de uno o varios tratamientos (garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data; garantizar el derecho a la información; notificación en caso de violación de seguridad, etc.).